En 1990, en el marco de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Banco Mundial establecieron un compromiso global para brindar educación de calidad para niñas, niños, jóvenes y personas adultas. Desde entonces, se han impulsado reflexiones y debates sobre la educación necesaria en el siglo XXI y el acceso a la educación, que sigue siendo un desafío de gran envergadura. Sin embargo, la calidad y la pertinencia de la educación son temas a los que se les debe dar prioridad, además de atender la formación de valores, actitudes y competencias para el respeto y la convivencia pacífica (UNESCO, 2016). En este sentido, el interés de la comunidad internacional se orienta a la Educación para la Ciudadanía Mundial “para garantizar un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, sostenible y seguro” (UNESCO, 2016, p. 10).
En este sentido, el interés de la comunidad internacional se orienta a la Educación para la Ciudadanía Mundial “para garantizar un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, sostenible y seguro” (UNESCO, 2016, p. 10).Gran parte de los compromisos internacionales suponen que la educación es un eje clave del desarrollo. El derecho a la educación se ha reconocido a través del tiempo en grandes tratados, pactos y acuerdos mundiales y regionales con los cuales los países se comprometen y los ratifican constitucionalmente. Debido al carácter jurídicamente vinculante de muchos de los pactos, se ha logrado situar a la educación como un derecho no menos importante que los civiles y políticos.
Por su parte, la UNESCO, en su programación de la Conferencia Mundial de la Educación Superior 2021, describe un panorama caracterizado por una economía rápida, nuevos modelos de trabajo, migraciones masivas y avances tecnológicos. A ello se suman nuevas formas de aprendizaje y la revolución digital, que influyen no sólo en el ámbito educativo, sino en todos los aspectos de la vida y el trabajo. Se habla entonces de la transición de una universidad internacional a un campus mundial y de la masificación de la matrícula ante el reconocimiento de la necesidad de profesionales competentes y altamente calificados.
| Se habla entonces de la transición de una universidad internacional a un campus mundial y de la masificación de la matrícula ante el reconocimiento de la necesidad de profesionales competentes y altamente calificados. |
Estos temas se articulan en la Agenda para el Desarrollo Sostenible con metas a 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde la educación superior (ES) y la educación media superior (EMS) se establecen como elementos fundamentales para el logro de tales objetivos. De forma indirecta, la educación contribuye con aquellos ODS relacionados con temas de pobreza, salud y bienestar, igualdad de género, trabajo y crecimiento económico, clima, paz, justicia e instituciones sólidas; mientras que de manera directa aporta al ODS 4, que insta a los sistemas e instituciones educativas a “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (Naciones Unidas, 2018, p. 27).
En el marco del Foro Mundial sobre la Educación, celebrado el 21 de mayo de 2015 en Incheon (República de Corea), se analizaron las metas de los ODS, teniendo como resultado la Declaración de Incheon, que representa el compromiso de la comunidad educativa en favor del ODS 4-Educación 2030 y la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, ya que reconoce la función esencial que desempeña la educación como uno de los principales motores del desarrollo; además, define posibles planteamientos que podrían servir de base a los países para elaborar planes y estrategias considerando las distintas realidades, capacidades y niveles de desarrollo de los países y respetando las políticas y prioridades nacionales.
| “El logro del desarrollo sostenible para todos los países sólo es verdaderamente posible por medio de esfuerzos intersectoriales amplios que comiencen por la educación”. |
Para el logro de los ODS de la Agenda Mundial 2030 se deben producir cambios en los estilos de vida y de desarrollo, así como en los de pensamiento y conocimiento (De la Rosa et al., 2019), lo que sólo será posible mediante esquemas de educación pertinentes, pero, sobre todo, como enfatiza la propia UNESCO, “el logro del desarrollo sostenible para todos los países sólo es verdaderamente posible por medio de esfuerzos intersectoriales amplios que comiencen por la educación” (2014, p. 2).
En este sentido, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) desvela, a través de su proyecto social y participativo "Metas Educativas 2021", la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios y los compromisos que inciden en la mayoría de los países iberoamericanos que la componen, entre ellos México. Dentro del abanico de metas educativas e indicadores destacan los siguientes por su importante injerencia en la EMS y la ES:
Dado que la EMS tiene como objetivo capacitar al estudiante para poder iniciar estudios de ES, tras la conclusión de la educación secundaria es usual que los adolescentes opten por el mundo laboral, por una formación técnica profesional o por estudiar en la universidad.
Es por ello que tanto la ES como la EMS enfrentan retos deri-vados de los cambios sociales, económicos, tecnológicos, políticos y culturales que influyen en los modos de vida y que comprometen a las instituciones educativas al establecimiento de objetivos y metas, así como a transformarse en sintonía con los procesos globales. En este sentido, desde la perspectiva internacional, las prioridades educativas se concentran en dimensiones como la calidad, la pertinencia, la equidad, la inclusión, la tolerancia y el desarrollo sostenible, aspectos que cobran relevancia en la política educativa en México, por medio del acceso igualitario de la educación técnica, profesional y superior de calidad.
En el campo de la investigación, de acuerdo con el Informe de la UNESCO sobre la Ciencia: hacia 2030 (UNESCO, 2015), los países debieron apostar por la investigación para estimular su crecimiento económico sostenible y favorecer su desarrollo, en el que las universidades han jugado un papel clave para la formación de profesionistas y de investigadoras e investigadores que contribuyan al crecimiento y desarrollo científico de las naciones, con compro-misos intergubernamentales, planes de acción a favor de la igualdad de las personas, la protección del planeta y el aprovechamiento de las ventajas de los avances tecnológicos, de la comunicación a distancia y de la internacionalización humanista y solidaridaria.
| Desde la perspectiva internacional, las prioridades educativas se concentran en dimensiones como la calidad, la pertinencia, la equidad, la inclusión, la tolerancia y el desarrollo sostenible, aspectos que cobran relevancia en la política educativa en México, por medio del acceso igualitario de la educación técnica, profesional y superior de calidad. |
Si bien, en 2020 la pandemia de COVID-19 devolvió la confianza a la ciencia y sus avances, los propios desafíos y retos en materia de salud y el uso de las tecnologías de información y la comunicación dieron pauta al trabajo en casa, a la continuidad del desarrollo educativo a distancia y al manejo de grandes bases de datos para la toma de decisiones; el Informe de la UNESCO de 2021 revela que desde 2019 se veía un incremento en la publicación de artículos científicos relacionados con temas de inteligencia artificial y robótica y más para países de ingresos medios y bajos, que aportaron el 25.3% de las publicaciones frente a sólo 12.8% reportado en el Informe de la UNESCO de 2015
| Las universidades han jugado un papel clave para la formación de profesionistas y de investigadoras e investigadores que contribuyan al crecimiento y desarrollo científico de las naciones. |
Por otro lado, la disminución del flujo vehicular y las emisiones contaminantes evidenciaron los beneficios, del confinamiento en casa, al medio ambiente; sin embargo, la investigación sobre la captación y el almacenamiento de carbono continúa escasa aún para países que se consideraban potencia en el tema como Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Estados Unidos. Con respecto a este tema, para 2019 el porcentaje de las publicaciones mundiales relacionadas con las energías sostenibles fue de apenas 2.5%, por lo que constituyen áreas de oportunidad para contribuir a la formación de los nuevos profesionistas y de investigadoras e investigadores.
Aunado a ello, es esencial identificar e implementar las políticas, los marcos legales y mecanismos de gobernanza que propicien avances científicos y tecnológicos, considerando los esquemas de cooperación internacional en nuestra realidad y contexto actual, para lograr una investigación científica eficaz que impacte en la formación y el desarrollo y que contribuya con nuevo conocimiento y su divulgación.
En cuanto a la cooperación científica internacional, el Informe 2021 de la UNESCO revela que sólo una de cada cuatro publicaciones científicas es colaborativa; sin embargo, más del 70% de las publicaciones científicas son inaccesibles para la población, ya que su obtención requiere un costo, lo que dificulta avanzar hacia una sociedad del conocimiento justo y equitativo. En este informe la UNESCO emite recomendaciones para que el acceso a dichas publicaciones sea abierto a partir de noviembre de 2021 y con ello motivar el desarrollo igualitario de la humanidad.
A nivel global, en 2013 el número de personas dedicadas a la investigación era aproximadamente 0.1% del total del mundo, siendo Brasil el país que supera al resto en Latinoamérica (179,989); en México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) registra 35,078 investigadores en el padrón de beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de quienes únicamente 13,017 son mujeres (37.1%).
Si bien lo anterior refleja un 7% más de mujeres en la ciencia con respecto al informe 2021 de la UNESCO, que claramente expresa el escaso avance en la participación de las mujeres en la ciencia al mantener el 30% de investigadoras en el mundo; en su representación por áreas del conocimiento pareciera que la paridad es más cercana en las ciencias de la vida, pero lejana para otras relacionadas con las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) por lo que se esperaría un impulso sostenido de preparación de más mujeres en estas áreas de conocimiento.
| Es esencial identificar e implementar las políticas, los marcos legales y mecanismos de gobernanza que propicien avances científicos y tecnológicos, considerando los esquemas de cooperación internacional en nuestra realidad y contexto actual, para lograr una investigación científica eficaz que impacte en la formación y el desarrollo y que contribuya con nuevo conocimiento y su divulgación. |
Por otra parte, a los desafíos en la salud causados por la pandemia de COVID-19 se suman el impacto de las enfermedades crónico-degenerativas, los daños causados por el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la inseguridad pública, que precisan de preparación, interacción y colaboración entre las y los científicos para desarrollar y hacer ciencia colaborativa por el bien de la humanidad, sin importar las barreras del idioma o la geografía.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2019) en el tema de Extensión Universitaria respecto a la vinculación, en el Sistema de Educación Superior en México no se realiza la estrategia de vincularse con empresas y agentes sociales para garantizar que los contenidos de los programas educativos estén acorde a las necesidades del mercado laboral, sin embargo, se menciona que el aprendizaje basado en el trabajo está presente en diversos grados del subsistema de educación superior a través de las prácticas profesionales, el servicio social y los programas de formación dual, aun así, la OCDE expresa que se carece de organización y eficacia en el desarrollo de esta estrategia.
Este escenario dinámico, inestable, complejo y altamente demandante afecta la manera en cómo las universidades son dirigidas, las cuales deben responder con altos estándares cualitativos a las exigencias de la sociedad (Ganga, 2015; Ganga y Núñez, 2018). La humanidad vive un momento de su historia donde la universidad, como institución social, debe contribuir a la solución de los problemas actuales proveyendo el uso del conocimiento, la innovación y la tecnología.
En relación con el párrafo anterior, el financiamiento es un elemento clave para propiciar el crecimiento de la educación en cuanto a matrícula y creación de instituciones de educación, por lo tanto, la distribución del financiamiento requiere especial atención en términos de apoyar los ámbitos prioritarios para su crecimiento y desarrollo; además, la legislación que rige este financiamiento se identifica también como un factor que debe ser analizado, particularmente al considerar que para muchos países conlleva complicaciones el desarrollo legislativo de nuevas estructuras, la designación de una parte importante del presupuesto público a la creación y mantenimiento de instituciones y, sobre todo, confiar en la competencia de nuevas generaciones (OEI, 2019, p. 7).
En términos presupuestales, el financiamiento que se destina a la educación refleja la voluntad expresa en cuanto a política pública se refiere, mostrando con claridad las prioridades que en términos gubernamentales son definidas. Si bien la asignación de financiamiento es de suma importancia, es preciso considerar una eficiente gestión de los recursos que se distribuyen a las instituciones de educación superior (IES), como elemento esencial para alcanzar niveles de excelencia y de calidad.
El contexto actual de pandemia afectará la distribución de recursos en lo general y en lo particular del ámbito educativo. Según el informe de “Education in the time of COVID-19 and beyond”, publicado en agosto de 2020 y presentado por la UNESCO; se calcula que la pandemia ampliará en un tercio el déficit en la financiación necesaria para la consecución de los ODS en educación, acordados por la comunidad internacional para 2030, en los países de ingresos bajos y medios-bajos, una brecha que en la actualidad alcanza ya la impresionante cifra de 148,000 millones de dólares estadounidenses (Europa Press, 2020).
De acuerdo con estadísticas internacionales, la situación económica mundial se encuentra en una etapa de crisis, debido a que los techos financieros asignados son insuficientes, aunado al alto nivel de dependencia del presupuesto gubernamental, lo que coloca a la ES y la EMS en altas condiciones de vulnerabilidad, ya que además de carecer de recursos suficientes para brindar una educación de calidad, el empobrecimiento de la población restringe las oportunidades de acceder a este tipo de instituciones y centros educativos.
De acuerdo con la OCDE, en México:
La educación superior se debe alinear mejor con las necesi- dades cambiantes de la economía. Casi la mitad de los empleadores alertan de una falta de competencias en su sector y consideran que la educación y formación de los solicitantes de empleo no es adecuada para sus necesidades. Para mejo- rar la relevancia y los resultados de la educación superior se requiere de una visión estratégica, un enfoque común para todo el gobierno y la implicación de todo el sistema de edu- cación superior (OCDE, 2019, p. 23).
En relación con la estrategia de educación en el ámbito del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, dentro del Progra- ma Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024 se destacan dos objetivos prioritarios:
Ambos con su respectivo conjunto de estrategias y acciones en correspondencia con los ODS, las cuales resaltan el acceso y la permanencia en la educación, elevar la calidad y pertinencia, revisar planes y programas de estudio, fortalecer la profesionalización del personal docente, mejorar la infraestructura y equipamiento de espacios educativos y promover la adecuación del marco normativo de la educación.
En este mismo orden de ideas, el PSE 2020-2024 prioriza el desarrollo profesional de maestros y maestras, la generación de entornos favorables en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la práctica del deporte y la inclusión de estilos de vida saludables, además del fortalecimiento de la rectoría del Estado y la participación intersectorial para transformar el Sistema Educativo Nacional (Secretaría de Gobernación, 2020).
| La humanidad vive un momento de su historia donde la universidad, como institución social, debe contribuir a la solución de los problemas actuales proveyendo el uso del conocimiento, la innovación y la tecnología. |
El mismo documento señala que la EMS presenta retos en relación con la cobertura, pues en el ciclo escolar 2018-2019, la matrícula fue de 5.2 millones de estudiantes, lo que representa una cobertura de 78.7% entre jóvenes de 15 a 17 años, que se encuentra lejos del mandato constitucional de cobertura universal. Aunado a ello, otro de los aspectos urgentes que debe atenderse es el abandono escolar, que se estima en 12.9%. Con respecto a la ES, la cobertura es de 39.7%. En este caso el problema es que existe una expansión desigual en las entidades federativas, pues estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo tienen una tasa de cobertura menor a 30% (Secretaría de Gobernación, 2020).
Además de la cobertura, se expone el reto de elevar la calidad al mismo tiempo que se logre el acceso, la permanencia y egreso de estudiantes “con aprendizajes que se traduzcan en una vida plena, productiva y sustentada en valores individuales y sociales” (Secretaría de Gobernación, 2020). Esta excelencia educativa debe evidenciarse con altos niveles de desempeño en evaluaciones nacionales. Al respecto, el PSE 2020-2024 expone los resultados obtenidos en el año 2017 por el Plan Nacional para la Evaluación de los Apren- dizajes (PLANEA), los cuales indican que en el nivel medio superior (NMS) el 33.9% de estudiantes se ubicaron en el nivel de logro más bajo en lenguaje y comunicación, mientras que 66.2% lo hicieron en matemáticas.
| Se expone el reto de elevar la calidad al mismo tiempo que se logre el acceso, la permanencia y egreso de estudiantes “con aprendizajes que se traduzcan en una vida plena, productiva y sustentada en valores individuales y socia. |
En el caso concreto de la ES, de acuerdo con el mismo PSE, uno de los desafíos más importantes es que este nivel educativo logre su finalidad de ser un factor de movilidad social y una plataforma para lograr un desarrollo equilibrado entre las diversas regiones del país. Por esta razón, las IES, a partir de la investigación y el desarrollo tecnológico, tienen la tarea de aportar a la solución de problemas sociales, económicos, políticos y culturales del país, además de asegurar la relevancia y la pertinencia de sus programas, pues aproximadamente el 40% de las y los egresados de ES con empleo trabajan en una ocupación que no está relacionada con su área de estudios (Secretaría de Gobernación, 2020).
Aunado a estas demandas, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el reto para las IES es “contribuir, a través de sus funciones acadé- micas, a la mayor competitividad de la economía mexicana en el mundo, con una inserción más favorable en el proceso de globalización, atendiendo las demandas y necesidades nacionales y locales” (ANUIES, 2016, p. 20). Para ello, las instituciones deben contribuir a la solución de los problemas sociales y económicos, con programas educativos pertinentes y socialmente responsables que consideren la visión global y local.
La propuesta de este organismo para renovar la ES en México, a través del documento Visión y Acción 2030 “Una propuesta de la ANUIES para la renovación de la educación superior en México”, hace referencia no sólo a los proyectos académicos de las institucio-nes, sino también a sus formas de organización, además, expresa la idea de potenciar la función social de las IES y su participación en las agendas y proyectos del país con miras a contribuir al desarrollo sustentable y a la atención de problemáticas como la desigualdad social, la inequidad y la pobreza (ANUIES, 2018).
Con esta necesidad como punto de partida, el citado documento plantea cinco objetivos para impulsar el cambio en la ES: mejorar la gobernanza, ampliar la cobertura, mejorar continuamente la calidad, ejercer plenamente la responsabilidad social y tener certeza jurídica y presupuestal.
Desde estas cinco vertientes, los principales retos de la ES en México son:
| Cinco objetivos para impulsar el cambio en la ES: mejorar la gobernanza, ampliar la cobertura, mejorar continuamente la calidad, ejercer plenamente la responsabilidad social y tener certeza jurídica y presupuestal. |
En conjunto, las políticas públicas consideradas como refe-rencia exhortan a las universidades mexicanas a asumir estos retos y a incluir en sus procesos de planeación la atención de las necesi-dades actuales, para contribuir al desarrollo local y nacional. En este escenario, se precisa que la oferta educativa de las IES sea pertinente, cuyo principio rector sea la vinculación interinstitucional e intersectorial, para contribuir a la solución de problemas sociales, económicos y ambientales del país, desde una perspectiva inclusiva, equitativa, de calidad y sostenible.
En investigación, dentro de las propuestas para garantizar el financiamiento público del sistema CONACyT (2019) sugiere aumentos progresivos para la ciencia, tecnología e innovación (CTI) de manera multianual en mediano y largo plazo, que hagan cumplir la meta de dedicar 1% del producto interno bruto (PIB) e idealmente alcanzar el promedio de 2.4% que sugiere la OCDE; sin embargo, en términos relativos al PIB, la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (2019) revela que la inversión en ciencia se en-cuentra por debajo del 1% para América Latina, cuando en países más pequeños que México, como Corea e Israel, supera el 4%. En algunos países, donde se han aplicado encuestas sobre la percepción social de la ciencia, por ejemplo, España, la población sugiere que los gobiernos deberían invertir más en ciencia y tecnología en todos los niveles de la administración pública y las empresas privadas. Es decir, la investigación pública, patrocinada por el Estado, tiene un papel clave en los sistemas de innovación y los procesos de toma de decisiones.
Las empresas no siempre están preparadas y motivadas para invertir en el desarrollo de la ciencia y la generación de conocimiento, especialmente en áreas de interés público, así como en ciencia básica o los campos relacionados con retos sociales y ambientales; los gobiernos en la mayoría de los países de la OCDE desempeñan un papel fundamental para garantizar la autonomía científica apoyando con inversión empresarial entre el 10% y 20% en investigación y desarrollo (I+D). Sin embargo, este apoyo público fracasa porque las empresas tienden a invertir poco en I+D debido a su costo e incertidumbre, el tiempo que se requiere para obtener el retorno de la inversión y la posibilidad de que sus competidores obtengan los beneficios del conocimiento (OCDE, 2016). Estas razones para apoyar la investigación pública y la I+D de las empresas seguramente seguirán vigentes durante 10 o 15 años, ante una economía incierta que se acentúa más en el contexto actual de la pandemia por COVID-19.
| Se precisa que la oferta educativa de las IES sea pertinente, cuyo principio rector sea la vinculación interinstitucional e intersectorial, para contribuir a la solución de problemas sociales, económicos y ambientales del país, desde una perspectiva inclusiva, equitativa, de calidad y sostenible. |
No obstante que el financiamiento público ha sido equilibra-do entre las regiones, existen desigualdades entre las entidades federativas en México y no se ha aprovechado equitativamente, dadas las particularidades de cada programa de financiamiento y cada entidad. Debe contemplarse una visión de largo plazo que pueda ser perfectible de acuerdo con las condiciones del ecosistema y de las realidades de cada estado de la República. Asimismo, contar con un marco jurídico flexible, moderno y ágil que involucre las tecnologías al servicio de los objetivos sustantivos del quehacer científico y alineado a la protección del medio ambiente y a la promoción de la igualdad sustantiva, cuyos retos sean de alcance internacional.
La reciente aprobada Ley General de Educación Superior (LGES), infiere que el Estado debe garantizar el ejercicio del derecho a la ES y contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país, a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora con un alto compromiso social, que pongan al servicio de la Nación y de la sociedad sus conocimientos. Por ello, la formación del pensamiento científico de las y los estudiantes debe ponderarse desde el nivel medio superior (NMS) y el nivel superior (NS) a través del profesorado, para proporcionarles conocimientos, habilidades y actitudes para transformar a la sociedad.
| La investigación pública, patrocinada por el Estado, tiene un papel clave en los sistemas de innovación y los procesos de toma de decisiones. |
Si bien la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, presentada el 14 de diciembre de 2020, aún no ha sido aprobada por las instancias correspondientes, se destaca el impacto de la investigación científica para impulsar la formación de nuevas vocaciones, contribuir a la generación de conocimiento, con atención a los problemas prioritarios de la nación y el acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales.
En relación con lo anterior, queda claro en la LGES que el Es-tado Mexicano debe apoyarse en las universidades para garantizar el derecho a la EMS y la ES, pero también avala su autonomía en su propia Ley Orgánica y en las facultades y garantías institucionales que se establecen en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando claro el respeto a los fines de la Universidad de Colima, que son: la educación, la investigación y la difusión de la cultura.
Es por eso que, para cumplir con dichas funciones sustantivas, es menester que el profesorado de tiempo completo que imparte docencia en el NS reúna un perfil idóneo, es decir, que cuente con formación de doctorado y pertenezca al SNI, características que avalan su capacidad para realizar investigación científica en alguna de las áreas del conocimiento, cuyos productos sean positivamente evaluados por pares. De igual forma, se establece la necesidad de eliminar la brecha digital en la enseñanza, para fortalecer los modelos pedagógicos y la innovación educativa en la transmisión de conocimiento.
Generar conocimiento y contribuir al desarrollo son acciones que corresponde fomentar desde la Coordinación General de Inves-tigación (CGI) y deben fortalecerse de tal manera que el profesorado participe con proyectos de investigación en convocatorias para su financiamiento, que genere productos que por su calidad sean reconocidos en los sistemas de evaluación y dictaminación, para así contribuir a la formación de estudiantes en programas de licencia-tura y de posgrado, incorporados al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC); estos son sólo algunos parámetros de importancia que sustentan el ingreso, permanencia y/o promoción de las y los investigadores en el SNI, el cual es un indicador que refleja la capacidad del profesorado para generar conocimiento científico y formar recursos humanos de calidad.
| El Estado Mexicano debe apoyarse en las universidades para garantizar el derecho a la EMS y la ES, pero también avala su autonomía en su propia Ley Orgánica y en las facultades y garantías institucionales que se establecen en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando claro el respeto a los fines de la Universidad de Colima, que son: la educación, la investigación y la difusión de la cultura. |
Por otra parte, sería un avance sustantivo valorar la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género dentro de las IES, para ello se requiere que adopten en su estructura normativa y organizacional las medidas y acciones eficientes que permitan fortalecer, sostener y avanzar en este tema.
Respecto a la colaboración entre instituciones nacionales y extranjeras, esta representa un reto para el fortalecimiento de la ES mexicana, con el objetivo de lograr una mejor posición frente a otros sistemas educativos. Como estrategia de colaboración institucional inter y transdisciplinaria, la investigación científica vinculada a la movilidad estudiantil y académica es un aspecto de la internacionalización que permite a estudiantes y profesorado emprender parte de un mismo proyecto o programa en instituciones diferentes a las suyas y lograr un completo reconocimiento de su esfuerzo.
Las redes académicas son necesarias para el desarrollo de investigaciones colaborativas y para el fortalecimiento de la formación integral del estudiantado, por lo que es deseable contar con la formalización de convenios de colaboración interinstitucional e internacionales, donde participe el profesorado para favorecer la transferencia del conocimiento con la participación de estudiantes.
En cuanto a la cooperación académica, regional, bilateral y triangular, cada una ofrece áreas de atención y fines distintos; sin embargo, requieren de particular atención, ya que cada país y re-gión tiene prioridades y necesidades en la investigación y cada tipo de cooperación establece sus áreas prioritarias de atención y estudio; por ejemplo, en la cooperación bilateral los temas relevantes son la agricultura (control de plagas, seguridad alimentaria), sustentabilidad ambiental y cambio climático (control forestal, manejo de recursos hídricos) y el fortalecimiento de la gestión pública, entre otros (AMEXCID, 2018).
| Es deseable contar con la formalización de convenios de colaboración interinstitucional e internacionales, donde participe el profesorado para favorecer la transferencia del conocimiento con la participación de estudiantes. |
Para que el profesorado impulse la formulación y formalización de convenios, se tienen que identificar áreas de oportunidad y posibilidades de interacción en la investigación científica, considerando las prácticas exitosas en la gestión de nuevos convenios, por lo que la cooperación académica será un elemento estratégico en el desarrollo de las actividades de investigación científica y un reto ante la contingencia sanitaria que impide las movilidades académicas presenciales, obligando a explotar el potencial de la modalidad virtual. Además, deben atenderse las necesidades de la cooperación internacional, de la protección al medio ambiente, la igualdad de género, el uso de las tecnologías de la comunicación e información y de la comunicación social de la ciencia.
| Deben atenderse las necesidades de la cooperación internacional, de la protección al medio ambiente, la igualdad de género, el uso de las tecnologías de la comunicación e información y de la comunicación social de la ciencia. |
En consideración de lo anterior, para que el impacto del trabajo científico que realiza el profesorado pueda percibirse socialmente, debe contarse con la colaboración de todos los sectores, es decir, del gubernamental, social y empresarial, que ofrezcan mejores oportunidades de financiamiento para los proyectos y para promover el acceso a la investigación científica, al acercamiento de profesionistas y estudiantes al conocimiento de frontera y a mayores oportunidades para que las y los jóvenes se incorporen a las carreras científicas y a los programas de posgrado, con lo cual se contribuya a reducir las desigualdades en el acceso a la formación para el desarrollo.
La Visión 2030 de la ES en México diseñada por ANUIES busca incidir en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Para lograrlo, es necesaria la renovación de las alianzas entre actores involucrados y la construcción de acuerdos políticos, enfocados a constituir un verdadero sistema de educación superior, en el que las IES de todos los subsistemas se fortalezcan como espacios académicos de alto nivel y contribuyan a la solución de los problemas locales, regionales y nacionales, así como a la satisfacción de las necesidades de sus entornos sociales.
En ese contexto, los ámbitos de la extensión y la vinculación tienen como reto la difusión de la cultura y la extensión de los servicios para contribuir al desarrollo nacional y al bienestar social de la población; deben fortalecer la interacción con actores del entorno inmediato, y propiciar un mayor conocimiento de la problemática, lo que permite el diseño y la implementación de proyectos para contribuir al desarrollo regional y el entorno de las universidades.
En México, con la transición a un nuevo gobierno, el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior junto con las políticas de austeridad y reorientación del gasto tuvo ajustes a la baja en diversos programas presupuestarios vigentes a fin de fondear los nuevos programas sociales y de inversión. Tres años antes del nuevo gobierno, los ingresos petroleros de 2015 y la volatilidad de la economía mundial llevaron a las autoridades hacendarias a practicar tres recortes al presupuesto, uno en 2015 y dos en 2016, que afectaron a diversos programas destinados a las instituciones públicas de educación superior (Mendoza, 2019).
El proyecto de presupuesto para educación superior modificó algunos de los recortes para las IES federales, en conjunto, el presupuesto disminuyó en 1,714 mdp respecto al presupuesto aprobado para 2018; ello equivalía a una reducción real del 5.7%: a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se le disminuían 1,023 mdp (-6.3%); a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 290 mdp (-7.7%) y al Instituto Politécnico Nacional (IPN) 274,168 mdp (4.7%). Los fondos extraordinarios también tuvieron reducciones importantes (Mendoza, 2019, p. 59).
A la disminución del subsidio federal ordinario se suma la reducción en términos reales, o en algunos casos hasta la desaparición de algunos fondos extraordinarios. Para el 2020, se propone la desaparición del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244). A su vez, los programas para el Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (S300) y de Carrera Docente (U040) vieron reducido su presupuesto –en términos reales– en 26.6% y 30.7%, respectivamente (Polin, 2019).
En la elaboración y programación del presupuesto anual para las universidades intervienen tres partes: el gobierno federal (principalmente a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), los gobiernos estatales y la universidad. El gobierno federal otorga financiamiento a las universidades públicas estatales (UPES) a través de un subsidio ordinario y subsidios extraordinarios. A su vez, los gobiernos estatales también contribuyen al presupuesto de las UPES mediante un subsidio ordinario y algunos de carácter extraordinarios; por último, aunque en menor proporción, las universidades también tienen la capacidad de aportar recursos propios al presupuesto anual mediante cuotas de servicios académicos; ingresos financieros y otros ingresos (Integralia, 2019).
La aportación que realizan las partes involucradas dista de lo que formalmente se establece:
De acuerdo con los convenios de colaboración financiera que f irman anualmente las tres partes se establece que, idealmente, corresponde otorgar 50% del subsidio al gobierno federal y 50% al gobierno estatal. No obstante, el porcentaje óptimo establecido en los convenios no se cumplen en la práctica; en general, los recursos provenientes del gobierno federal son los que predominan en el subsidio otorgado a las UPES (Ibíd).
En lo que se refiere a la entidad, el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2021 señala como visión al 2021 que:
Colima sea el estado del país que brinde el mayor bienestar a sus habitantes, con base en la competitividad y sustentabilidad del conocimiento, que ofrezca más empleos y mejor pagados y que funcione en un círculo virtuoso en el desarrollo social, donde sus habitantes vivan seguros y sin pobreza extrema, dentro de un entorno igualitario. Además de un estado verde y con un gobierno abierto, responsable y austero (Gobierno del estado de Colima, 2016, p. 13).
Los pilares son los servicios públicos acordes con los estándares de satisfacción y calidad, los servicios de salud especializados en la prevención, un sistema educativo que cuenta con los docentes más capacitados del país, que forma estudiantes de alto desempeño y que tiene una educación superior vinculada con las necesidades del estado y enfocada hacia la innovación.
Dentro de las metas del PED al 2021, relacionadas con el ámbito educativo de NMS y NS se encuentran las de:
Además, expone que la infraestructura adecuada y suficiente es una de las bases para mejorar la calidad de la educación en Colima.
Ante esta situación, el PED 2016-2021 establece una línea de política que persigue el fortalecimiento de la cobertura y la calidad educativa, la investigación y la vinculación entre el sistema educativo y productivo, cuyos objetivos se enfocan en garantizar la inclusión y la equidad del sistema educativo; modernizar la infraestructura y el equipamiento; el fortalecimiento docente mediante el desarrollo de competencias profesionales; y hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación detonantes para el desarrollo económico y social.
Por lo tanto, esta tendencia estatal podría resumirse en:
Es de señalar que, de acuerdo con el diagnóstico del PED, en educación media superior se observa una eficiencia terminal del 94%, con un incremento de 10 puntos porcentuales en la tasa de matriculación de 2009 a 2014, pasando del 62% al 72%, dato que se ubica por arriba de la media nacional, pero es baja comparada con países de la OCDE que llegan al 83%. En cuanto a la prueba PLANEA, a nivel estatal en el campo de lenguaje y comunicación, el 35.4% de los estudiantes evaluados tiene un aprovechamiento idóneo, mientras que en matemáticas este dato llega al 14.9%.
A ello se agrega que el PED señala que el estado cuenta con espacios de expresión cultural, que pueden aprovecharse por más colimenses, rubro similar a la infraestructura deportiva, que si bien está disponible se puede explotar mejor.
Así, el PED 2016-2021 establece como políticas:
| Los ámbitos de la extensión y la vinculación tienen como reto la difusión de la cultura y la extensión de los servicios para contribuir al desarrollo nacional y al bienestar social de la población; deben fortalecer la interacción con actores del entorno inmediato y propiciar un mayor conocimiento de la problemática. |
En cuanto a los objetivos establecidos en el Plan Estatal 2016-2021, para el ámbito de la educación, buscan:
En términos educativos, la política estatal se ha enfocado a establecer importantes estrategias para continuar avanzando hacia la adecuada formación de las generaciones del NMS y NS que habrán de ingresar a la fuerza de trabajo o continuar educándose como profesionales y técnicos/as.
De acuerdo con la SEP (2020), en el ciclo 2019-2020 la tasa de absorción de Colima en el NMS fue de 120.5 %, la cobertura de 81.5%, la eficiencia terminal de 69.4% y el abandono escolar de 9.7%. Mientras que en el caso del NS la tasa de absorción fue de 72.5% y la cobertura del 30.5%. En comparación con los indicadores nacionales, en cada uno de los presentados anteriormente, nuestro Estado presenta óptimos resultados en cada uno de ellos.
En la relación al NMS, de acuerdo a las cifras presentadas por el Consejo Nacional de Población (Julio, 2019), en Colima este grupo de jóvenes alcanzó los 38,404 en 2015 (5.3% del total de la población del estado), de acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO)1 se espera que este grupo de edad presente un ligero aumento a 42,376 en 2030; sin embargo, en las proyecciones hechas por este organismo al 2050, se plantea una reducción a 39,823 jóvenes.
Considerando lo anterior y que el promedio de escolaridad es de 10.05 años, es decir, primer año de bachillerato (INEGI, 2020), es posible identificar con claridad un área de oportunidad estatal, debido a que constitucionalmente la EMS es obligatoria desde el 2012; en vista de que el número de personas que actualmente se observa en este grupo de edad no se mantendrá durante muchos años, es necesario prever programas y acciones temporales que permitan atender a esta población.
Es por ello que, tanto la EMS como la ES deberán enfrentar una serie de retos que van más allá de brindar una adecuada cobertura, tendrán que responder a la demanda de una educación de calidad, que sea pertinente y que responda a las necesidades imperantes en el Estado.
| En términos educativos, la política estatal se ha enfocado a establecer importantes estrategias para continuar avanzando hacia la adecuada formación de las generaciones del NMS y NS que habrán de ingresar a la fuerza de trabajo o continuar educándose como profesionales y técnicos/as. |
Respecto al desarrollo de la ciencia, la innovación y la tecnología, en la Ley de Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología del Estado de Colima (2013) s contempló un fondo para el financiamiento de las actividades científicas y tecnológicas, constituido y administrado a través de un fideicomiso público con el propósito de otorgar apoyos para el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica; equipos; instrumentos y materiales; becas para la especialización; proyectos de modernización, innovación y desarrollo tecnológico; divulgación de temas sobre ciencia y tecnología; así como estímulos y reconocimientos a instituciones, empresas y personas dedicadas a la investigación que destaquen en estas áreas.
Aunado a este Fondo Estatal, en el PED 2016-2021 se menciona la acción para fomentar la innovación y la infraestructura destinada a la investigación que, aunque ha sido insuficiente, implica la generación de conocimiento, lo que involucra principalmente a la Universidad de Colima, al Instituto Tecnológico de Colima y a la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Es importante mencionar que el número de investigadores que pertenece al SNI en los últimos cuatro años ha tenido pocos avances en su crecimiento, es decir, había 227 investigadores en 2018, 226 en 2019, 227 en 2020 y, de acuerdo con el Padrón de Beneficiarios del CONACyT, la cifra actual (2021) es de 231.
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta indispensable trabajar en el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica que además de coadyuvar al desarrollo de competencias en la comunidad estudiantil del estado propicien las condiciones para la solución y atención de las problemáticas sociales a las que como entidad se hace frente.
Por otro lado, considerando a la innovación como factor de importancia para el desarrollo de la competitividad y el progreso económico y social, la vinculación de las IES, particularmente de las universidades, con los sectores productivos adquiere mayor relevancia, por lo que resulta necesario fortalecer y actualizar los procesos en apoyo a la adaptación a los cambios tan acelerados que experimenta el contexto actual y, por supuesto, a los retos de la globalización.
En este sentido, en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 20162021, en el Eje Transversal I. Colima por la igualdad, se reconocen las desigualdades estructurales que se tienen en nuestro estado entre mujeres y hombres, las cuales se manifiestan en las oportunidades laborales, los salarios, la educación y en la vulnerabilidad ante la violencia (Gobierno del Estado de Colima, 2016).
De esta manera, el compromiso y esfuerzo de las dependencias e instituciones que trabajan y apoyan el fomento de la cultura emprendedora en el estado, instan al sector educativo a seguir trabajando como un ente promotor de alternativas de cambio y progreso económico al entorno empresarial del estado de Colima, por medio de la vinculación de estudiantes, la inserción laboral de las y los egresados dentro de empresas y comercios locales, así como de la diversificación de fideicomisos para el apoyo al emprendimiento.
En lo que concierne al desarrollo social y sustentable del estado, existe un conjunto de normas de carácter ambiental que dan la pauta para la participación de las universidades, en las que destaca principalmente la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (2018). De igual manera, el PED 2016-2021, dentro del Eje Transversal III. Colima Sustentable, posibilita la incidencia de las IES en la certificación de escuelas verdes con el propósito de promover la preservación ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (2016, p. 206).
En este contexto, la Universidad de Colima, aunque históricamente se ha consolidado como un sistema de educación superior de calidad, congruente con las expectativas y necesidades sociales, los cambios en la política educativa le demandan nuevos y mayores retos para adaptarse a las circunstancias académicas actuales y para garantizar la pertinencia de sus programas educativos. Así, las acciones de esta institución deberán enfocarse de manera estratégica hacia la calidad educativa (programas pertinentes, mediación tecnológica, estrategias de enseñanza innovadoras); el desarrollo académico (actualización y formación docente); la formación integral (desarrollo de competencias socioemocionales, orientación profesional, apoyo al aprendizaje y acompañamiento académico-profesional) y la internacionalización (incorporación integral en el proceso educativo).
| Fomentar la innovación y la infraestructura destinada a la investigación que, aunque ha sido insuficiente, implica la generación de conocimiento, lo que involucra principalmente a la Universidad de Colima, al Instituto Tecnológico de Colima, y a Universidad Tecnológica de Manzanillo. |
Ultima actualización:07/03/2022